A partir de 1989, y a raíz de una propuesta realizada por el entonces Presidente de la República Francesa, Francois Miterrand, todos los Estados de la C.E.E. nombraron un Coordinador Nacional de Drogas. La figura del Coordinador, responde al principio de globalidad del fenómeno, integrando bajo una misma responsabilidad única los ámbitos relativos al control de la oferta y la demanda.
Las diferencias que existen entre los Estados se refieren fundamentalmente al Departamento Ministerial que ostenta la coordinación, y que en cierto sentido expresa en que ámbito de la política de drogas pone el énfasis cada gobierno. En la fecha actual, en nueve de los quince Estados, la coordinación la realiza un ministerio del ámbito de la reducción de la demanda,
generalmente de Salud y Asuntos Sociales, en cinco de los Estados se ubica en un ministerio relacionado con el control de la oferta, por lo general de Interior y/o Justicia, y en un caso, directamente en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Una de la características que más diferencian las políticas de coordinación nacionales, radica en los niveles competenciales que posee cada nivel de administración territorial, ya sea local, regional o estatal.
En los Estados Federales, o con modelos similares, los diferentes gobiernos regionales poseen un nivel competencial sobre la política de drogas, por lo general en materia de prevención y de asistencia, muy elevado y de carácter exclusivo; en otros Estados, son los entes locales los que ostentan competencias de estas características, por lo que las dificultades para establecer una eficaz coordinación se plantean a nivel de las relaciones entre administraciones. En varios Estados existen diferentes criterios sobre aspectos determinados de la política de drogas entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales, lo que provoca dificultades y tensiones en la aplicación de las medidas concretas.
Esta distribución de competencias entre los gobiernos centrales y los regionales y locales, es lo que ha impulsado en los últimos años al establecimiento de redes de cooperación entre niveles de administraciones similares de Estados diferentes; en particular se han constituido redes de ciudades con programas similares en el ámbito de la asistencia y la reducción de riesgos.
De profundizarse esta tendencia nos encontraríamos ante un escenario en el que los Gobiernos de los Estados se coordinan entre sí en el marco de la Unión Europea, y en paralelo, los municipios y las regiones de diferentes Estados lo hacen al margen de la política comunitaria. Se crearían dos niveles de coordinación o relación diferentes sin apenas relación y ello generaría una confusa situación en lo concerniente a la definición de una política sobre drogas europea mínimamente coherente.