A partir de los dos Planes Europeos de lucha contra las Drogas, de 1990 y 1992, y en base al reciente Plan de Acción Global, se ha ido configurando en el seno de la Unión un conjunto de elementos que prefiguran una determinada política sobre drogas.
Ha quedado claro que si bien a nivel de las legislaciones persisten aún importantes diferencias, a nivel de las prácticas concretas se tiende a converger cada vez más. De lo que ahora se trata es de identificar cuales son los aspectos de la política sobre drogas en los que ya existe en la actualidad un amplio consenso, definiendo en la práctica el mínimo común
denominador que se encuentra en la mayoría de los Estados. Para ello, el método que parece más oportuno y eficaz es el de convocar una Conferencia Europea sobre Drogas, de Consenso o de Convergencia, cuyo objeto principal sea el de identificar los elementos comunes así como los de divergencia que puedan superarse sin grandes dificultades para los diferentes Estados.
Es imprescindible que en los próximos años, y obligatoriamente antes del 2.000, exista un cuerpo de doctrina nítidamente europeo sobre esta materia, que le permita a la Unión, tanto a nivel interno, como externo, aparecer con unas propuestas coherentes y pragmáticas, recuperando en este ámbito, la larga tradición racionalista y librepensadora que ha caracterizado siempre al viejo continente.
En relación a la propuesta de Conferencia de Consenso, cuatro deberían ser los aspectos que abordara:

a) Legislación penal
b) Política de represión del tráfico ilícito.
c) Políticas de prevención en sentido amplio.
d) Cooperación internacional.


No deberá perseguir esta conferencia el análisis de las políticas de cada uno de los Estados miembros, sino que debería tener como objetivo último el encontrar las similitudes, identificando los contenidos comunes.
A partir de las conclusiones de esta reunión, debería considerarse la elaboración y celebración de un instrumento jurídico que diera cuerpo normativo a las conclusiones de la misma. Existe en el marco del T.U.E. base jurídica suficiente para desarrollar esta iniciativa.
La actual experiencia de las directivas sobre blanqueo y precursores químicos, pone de manifiesto que es imprescindible disponer de una norma que fuerce la convergencia de determinadas políticas sectoriales.
Se trataría de un Convenio Europeo, que contenga el conjunto de elementos identificados en la Conferencia sobre los que exista un amplio consenso, y que permita tanto a los ciudadanos europeos como al conjunto de los organismos internacionales que tienen competencias en materia de drogas, conocer la política europea específica sobre una materia de tal magnitud.
La propia elaboración de este Convenio Europeo, debería ser sin lugar a dudas un proceso en sí mismo altamente beneficioso. Uno de los valores añadidos de un instrumento jurídico de estas características es que posibilita a los Estados participantes alcanzar acuerdos sobre aspectos de definición terminológica, cuestión de suma importancia dadas las diferentes interpretaciones que en la actualidad se hacen de conceptos similares.
De la capacidad que se tenga para convocar la Conferencia de Consenso, y en su caso de elaborar este Convenio Europeo, se podrá deducir la voluntad política de la Unión en ofrecer soluciones concretas y tangibles a uno de los problemas que hoy inquietan más al conjunto de la sociedad europea, y constituirá una prueba inequívoca dirigida a los diversos colectivos
interesados, de que Europa apuesta claramente por encontrar respuestas propias, y no importadas, a este complejo problema.