En pocas semanas, el «chickengate» se ha convertido en una gran polémica europea. Una más de las muchas que desde hace tiempo –concretamente tres años, cuando explotó el caso de «las vacas locas»– acosan a los ciudadanos en uno de los aspectos más sensibles: la alimentación. Vacas locas (problema internacional originado en Gran Bretaña), quesos frescos contaminados por listerias (problema circunscrito a Francia), «pollos a la dioxina» (surgido en Bélgica y que se ha extendido por toda Europa) e incluso una equivocación en la dosificación durante la fabricación de una de las bebidas más populares, la Coca-Cola, que motivó también en Bélgica problemas entre unos escolares –por suerte, no graves– y que obligó a la empresa fabricante a retirar del mercado belga más de dos millones de botellas del refresco. Son cuatro ejemplos de que se está instalando entre nosotros una alarma social de consecuencias poco predecibles, pero que de momento ya ha ido incrementando el recelo entre la población, y con razón, en relación a los circuitos de consumo.

En este contexto no es de extrañar, además, que la polémica sobre la introducción de los alimentos transgénicos en el mercado adquiera mayor relevancia, discusión y reticencia popular, aunque este caso nada tenga que ver con los anteriores. Está claro que vacas locas y pollos tóxicos «contaminan informativamente» el debate transgénico, provocando que el gran público relacione erróneamente todos estos problemas cuando evidentemente nada tienen que ver los alimentos contaminados con los alimentos transgénicos.

No hay duda de que los casos citados demuestran que faltan controles en los circuitos de fabricación y de distribución de lo que consumimos y también de la falta de capacidad de gestión a escala internacional, y en muchos casos también nacional, de las crisis provocadas por la falta de calidad de determinados alimentos comercializados. Es evidente que hay que profundizar políticamente en materia de seguridad alimentaria a todos los niveles.

Pero este no es el objetivo de nuestra reflexión. En este contexto hay otro aspecto que salta a la vista: la ausencia de una respuesta científica que permita al consumidor tener una referencia creíble sobre lo que está ocurriendo.

Durante la reciente crisis del «chikengate», el secretario de Estado francés de Salud y Acción social, Bernard Kouchner, no se mordió la lengua al afirmar contundentemente que «hay que tener el coraje de reconocer que Europa no asegura la vigilancia científica, ni dispone de una política de sanidad pública, de prevención, de un análisis prospectivo de los riesgos y de confrontación de expertos». En la misma entrevista, publicada por Le Monde el 10 de junio, este médico y político francés de estirpe poco habitual propuso la rápida creación de una Agencia Europea de Seguridad Sanitaria que, con criterios expertos, pueda afrontar problemas como los planteados, pero además dictaminar con metodología científica sobre otros motivos de preocupación que están planteados, como son los antibióticos que se incorporan a la alimentación animal, la utilización de hormonas anabolizantes en los bovinos y la difusión de organismos modificados genéticamente.

Es esencial aplicar criterios políticos de gestión basados en la autoridad de las ciencias que permitan que la ciudadanía recobre la confianza hoy muy debilitada, y que acaba generalizándose a muchos otros aspectos de la vida cotidiana, no sólo en el campo del consumo alimentario. Pero tan importante como esto es que el mundo experto, las voces científicas, reencuentren su autoridad perdida.

Muchas veces nos hemos ocupado de la mixtificación que nos acosa, y a la que colaboran los medios de comunicación con su falta de rigor y búsqueda de simples emociones que los hagan atractivos para un gran público y falsamente cómplices suyos. Estamos lamentablemente acostumbrados a que, sin diferenciación alguna, los talk shows televisivos y tertulias radiofónicas mezclen conceptos con base científica con otros (mayoritarios) que son meras especulaciones paracientíficas, utilicen voces de dudosa condición experta y viertan al caudal de la continua formación cultural del público aseveraciones cuyas consecuencias últimas son una mayor desinformación y no una mejor información de los ciudadanos.

Científicos y ciencias han perdido en los últimos tiempos buena parte de su autoridad social hundidos en este marasmo comunicacional indiferenciado en el que estamos sumidos todos. En parte, es muy posible que sea por culpa suya... Pero esta disminución de la autoridad científica también es atribuible claramente a la falta de voluntad política, tanto de los gobiernos nacionales como a la del ejecutivo de la Unión Europea. Quizá deberíamos tomar ejemplo de la existencia de instituciones como la FDA (Food and Drug Administration) o la EPA (Environmental Protection Agency) de Estados Unidos que constituyen voces de referencia (aunque no sean del todo indiscutibles) para afrontar con ciertas garantías problemas como los que suscitan este comentario y también otros.

El mundo político debería incentivar la proliferación de organismos que merezcan la credibilidad de la ciudadanía, por su independencia y por su criterio científico, para poder seguir afrontando los retos que se nos plantean cada vez con mayor virulencia por muchas razones, desde la rápida introducción de nuevas tecnologías hasta los muchos intereses de toda índole que confluyen en un modelo de sociedad basado cada vez más en la espiral del consumo. Parece que la acción política tenga en realidad miedo de que existan fuentes independientes con autoridad, aunque a la larga esta actitud acabe convirtiéndose en una pesada piedra en el propio tejado porque serán los organismos políticos los que pierdan su credibilidad, como ya está ocurriendo en los conflictos que comentamos, y no sólo los científicos.

Pero al mismo tiempo, el mundo científico debería reflexionar seriamente sobre su pérdida de autoridad, que puede llegar a tener consecuencias nefastas para su propia evolución. Ya que una sociedad en la que disminuya la confianza en la autoridad científica será una sociedad que cada vez estimará menos rentable invertir en ciencia y difícilmente apoyará acciones en este sentido desde el erario público, hasta el punto de que el mundo político también puede llegar a creer que hay otras opciones más rentables. Hay síntomas de que algo está ocurriendo en este sentido y sería fatal dejar que se avanzara en esta gran equivocación.

Curiosamente, científicos y mediadores de la información –no sólo el mundo político, como ya es tradicional desde hace un tiempo– caminamos de la mano por el sendero descendente de la pérdida de la credibilidad y de la autoridad. Quizá deberíamos reflexionar conjuntamente para reaccionar. Al fin y al cabo, decía también Kouchner: «Nos hace falta mucha más circulación de la información científica y médica».

Precisamente por esto existe Quark...