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La
gestación de un sistema en el marco de los «felices ochenta»
Creating a System in the framework of the happy 80s Juan
Rojo La década de los ochenta representa, para
muchos autores, la puerta de entrada de España a la modernidad. Sea o no eso
cierto, en materia de política científica, ese decenio significó la gestación y
puesta en marcha de un sistema de ciencia y tecnología que daría frutos casi de
inmediato. Los cambios impulsados en esa etapa, en especial la Ley de la
Ciencia y su instrumento, los Planes Nacionales, permitieron soñar con la
anhelada convergencia con Europa. The
eighties represent Spain’s entrance into modernity for many authors. Whether
this may be true or not, what is accepted is the 80s, in terms of scientific
policies, meant the development and launching of a science and technology
system that in a very short period of time was providing results. The changes
set off, mostly derived from the approval and implementation of the Science
Law, the Planes Nacionales (National Plans), lead the way to the very
much-desired European convergence. La década de
los ochenta constituye un hito en la moderna historia de España, hasta tal punto
que algunos la han denominado «los felices años ochenta». A la bonanza general
política y social se añadieron dos elementos de hondo calado para la
ciudadanía: la normalización de la democracia recién recuperada y la deseada
entrada en Europa. Al hilo de esta última, una nueva palabra afloró en el
vocabulario: convergencia. Había que parecerse a Europa en todo. Desde
luego, en economía, pero también en otros aspectos aunque estos últimos eran
más difícilmente cuantificables. Uno de estos aspectos era la investigación
científica y técnica (o el nuevo vocablo que inmediatamente fue promocionado en
los medios, la I+D), en la que
-es
preciso reconocerlo-
nuestro país nunca había sido una referencia en el mundo. ¿Seríamos capaces
también de acercarnos en este dominio a los países donde todos sabíamos que se
habían puesto los cimientos de la ciencia moderna? Quizá merece la
pena echar una ojeada a la situación de la ciencia en España al final de los
años setenta. La financiación desde luego era raquítica, no más allá del 0,4 %
del producto interior bruto, o sea alrededor de un 20 % de la media europea del
momento. Pero había otros elementos preocupantes: para empezar, la universidad.
Esta institución, que en todos los países europeos significativos representaba
la punta de lanza de la investigación científica, en España no había asumido de
forma generalizada este papel. Con mejor o peor fortuna, aquella universidad
(muy parecida a aquélla en la que yo estudié) intentaba proporcionar una
enseñanza razonable pero inevitablemente un tanto academicista y lejana al
desarrollo científico del momento. La investigación científica en la
Universidad española era como mucho tolerada. Pero la
situación en la industria no era mucho mejor. El desarrollismo del denominado
tardofranquismo no había precisamente favorecido la innovación en nuestras
empresas, más preocupadas del desarrollo especulativo y del aprovechamiento de
un entorno interior poco competitivo. Por su parte, los centros públicos de
investigación ligados a los distintos ministerios, en general trabajaban más
bien como gabinetes de apoyo a las políticas ministeriales que como tales
centros de investigación. Finalmente, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), con algunas honrosas excepciones, no había tampoco
conseguido escaparse de su ideológico corsé fundacional. Frente a un
panorama tan poco alentador, había sin embargo elementos que impulsaban a la
esperanza. El más importante, como siempre en ciencia, la presión de los
jóvenes. En efecto, durante los años anteriores, un número no despreciable de
jóvenes inteligentes se habían formado en investigación en laboratorios
extranjeros prestigiosos y muchos habían vuelto a España. Su influjo empezaba
tímidamente a notarse en los laboratorios de las universidades y de los centros
públicos. Un segundo
elemento fue la creación por el ministro Villar Palasí de las universidades
autónomas. Estas universidades, creadas en paralelo y como «competencia» de las
universidades tradicionales, desempeñaron un papel muy importante en el
desarrollo científico español aunque algunas de ellas tropezaron con el sistema
político, por entonces incapaz de asimilar algunos de los «desarrollos
colaterales» de tales instituciones. Buen ejemplo de ello fue el enfrentamiento
del Gobierno de Carrero Blanco con el prestigioso Departamento de Física de la
Universidad Autónoma de Madrid creado por Nicolás Cabrera que terminó con la
expulsión de alguno de los profesores de este último por el inefable ministro
Julio Rodríguez. Un tercer
elemento, de la mayor relevancia, fue la creación de la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica (CAICYT), y particularmente de su Gabinete
de Estudios, que, por primera vez en la historia de la ciencia en España,
empezó a sentar las bases de la financiación de la investigación en nuestro
país mediante la evaluación científica de proyectos presentados por los
investigadores. A
punto para la convergencia Al principio de
la década objeto de nuestra atención, el sistema, por así decirlo, estaba a
punto para acometer una reforma que permitiera la integración definitiva, la
llamada convergencia, con los países europeos del entorno. La comunidad
científica española, mostró en ese momento una gran madurez y una gran
capacidad de trabajo, y suyo es el mérito del salto cualitativo registrado. No
obstante, en tal empeño contó con la ayuda de tres elementos externos
fundamentales, a los que paso a referirme. El primer
elemento fue la Ley de Reforma Universitaria (LRU), aprobada en 1983. No
siempre se ha apreciado justamente el importante papel desempeñado por esta ley
en el desarrollo de la investigación universitaria. Tanto el texto de la ley,
como algunos de sus desarrollos posteriores, desempeñaron efectivamente un
papel decisivo. Aunque hay muchos aspectos positivos, citaré sólo tres: en
primer lugar, el famoso artículo 13, que regulaba la cooperación en programas
de investigación entre departamentos universitarios y empresas. Este tipo de
investigación, antaño meramente tolerada, era ahora estimulada. Las
consecuencias no se hicieron esperar y este tipo de colaboración creció
exponencialmente. Otro
importantísimo desarrollo fue la creación de los denominados tramos de
investigación (vulgo gallifantes), que introducían mejoras salariales
para aquellos profesores que consiguiesen una evaluación positiva de su
investigación por un comité externo nacional. Esta actuación significó también
una innovación importante en un plano más amplio: en efecto, los tramos
constituyen un excelente ejemplo de la falsedad en que muchos incurren al
suponer que un régimen funcionarial no permite distinguir salarialmente a
aquellas personas con superior rendimiento. Un tercer aspecto de la LRU también
fue muy beneficioso: esta ley al suprimir los ejercicios de oposición permitió
que los jóvenes en su etapa de más productividad científica pudieran dedicarse
con intensidad a esta labor creativa en lugar de perder los mejores años
(científicos) de su vida preparando trasnochados ejercicios. Esto también se
podía considerar convergencia con Europa. La
Ley de la Ciencia El segundo
elemento importante fue la aprobación de la denominada Ley de la Ciencia en
1986. A diferencia de la anterior, esta ley iba bastante más allá de la
comunidad universitaria y afectaba a los organismos públicos de investigación
(OPI), especialmente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
y a las relaciones de unos y otros con las empresas. De acuerdo con esta ley,
la herramienta fundamental para el «fomento y coordinación de la investigación
científica y técnica» era el llamado Plan Nacional, el primero de los cuales se
aprobó en 1986 y cuya cuarta versión sirve de base para la financiación de la
comunidad científico-técnica española en la actualidad. Los
Planes Nacionales desde su primer lanzamiento han tenido una gran repercusión
en el desarrollo de la investigación científica en España. Personalmente
considero que su papel más importante ha sido el de proporcionar apoyo y
confianza a los científicos mediante la transmisión del mensaje de que la calidad científica es el elemento
inexcusable a la hora de valorar y reconocer esta actividad. A esta
consideración debe añadirse el hecho de que la propia naturaleza de la
investigación científica lleva aneja siempre (¡afortunadamente, en caso contrario
sería muy aburrido!) una cierta impredictibilidad en los resultados. Este
hecho tiene consecuencias a la hora de definir e implementar un plan de
investigación científica. Hay personas que creen
-sobre
todo en Bruselas-
que es posible programar y realizar la investigación científica a la manera de
un proyecto de ingeniería civil con una cuidadosa anticipación de los
diferentes pasos a seguir e incluso con cronogramas precisos de las diferentes
acciones. Nada más lejos de la realidad: en la mayoría de las ocasiones el
descubrimiento, el avance sustancial ocurre de una manera casi fortuita, yo
diría más bien que se trata de un azar inteligentemente buscado. A
veces este error conceptual nace de la confusión entre lo que es un programa de
investigación científica y un programa de desarrollo técnico-industrial. En el
primer caso, el programa está centrado en torno a un problema en el que existen
elementos fundamentales para la consecución del objetivo deseado que se
desconocen y donde no es posible plantearse una estrategia efectiva para
resolver el problema hasta que no se resuelvan las incógnitas planteadas. En el
segundo tipo de programa, se trata más bien de una integración de elementos
conocidos en el que ciertamente pueden existir incógnitas pero éstas o bien no
son fundamentales, o bien son desarrollos naturales
-aunque puedan
ser difíciles y costosos-
de conocimientos existentes. Un ejemplo del primer caso sería la investigación
sobre el cáncer y del segundo, el programa americano de situar «un hombre en la
Luna». Desde el punto de vista de la política científica, es fundamental
distinguir entre estos dos tipos de programas toda vez que la financiación,
gestión y evaluación de los mismos tiene que llevarse a cabo con pautas muy
diferentes. El
razonamiento anterior no excluye, ni mucho menos, la definición de ciertas
áreas de actuación preferente (las denominadas prioridades) en el Plan
Nacional. Definir estas prioridades no es tarea sencilla porque los científicos
tienden a considerar como prioritarias sus propias áreas de investigación y los
industriales tienden a considerar prioritarios los mecanismos de financiación
de sus desajustes. Personalmente, creo que la definición de prioridades debe
siempre incluir dos elementos: primero, debe mantenerse siempre un canal para
la financiación de la investigación de alta calidad, cualquiera que sea su tema. Este canal lo ha constituido desde el
comienzo del Plan Nacional el denominado Programa de Promoción General del
Conocimiento (PGC). Segundo,
las agencias financiadoras deben definir estas áreas prioritarias con
suficiente amplitud evitando publicar una relación de temas concretos. Esto
último equivaldría a suponer que el personal de dichas agencias era capaz de
prever los avances concretos de la ciencia en el futuro, tarea en la que
incluso científicos muy avezados se tentarían la ropa antes de hacer
predicciones específicas. La
Ley de la Ciencia inició también un gran esfuerzo en la formación de personal
investigador, dedicando un programa específico del Plan Nacional, bastante bien
dotado, a esta misión. Cabe señalar que, aparte del muy significativo salto
cuantitativo en cantidad y dotación de las becas, el programa introdujo desde
sus comienzos elementos de modernidad (¡otra vez la convergencia con Europa!).
Al énfasis de antaño en becas predoctorales le sustituyó la primacía de las
becas posdoctorales, como corresponde a la política generalizada de los países
científicamente desarrollados de nuestro entorno, donde se considera que el
futuro investigador se doctora generalmente en su país de origen y adquiere el
valor añadido posdoctoral conociendo otros ambientes científicos. Conviene
subrayar que programas tales como el actual Ramón y Cajal no hubieran podido
convocarse sin la existencia de este personal joven y excelentemente formado.
Es un ejemplo más de un principio básico del fomento de la investigación
científica: invertir hoy para recoger mañana. La
integración europea El
tercer elemento que resultó esencial para el desarrollo científico de los años
ochenta fue la integración en Europa. Tanto el Programa Marco de la Comunidad
Europea (CE) como otras acciones tales como el programa Eureka representaron un
acicate y, sobre todo, un ejemplo para empresas y organismos públicos de
investigación españoles. Quien no lo ha visto de cerca no puede imaginar el
efecto que tuvo para muchas empresas españolas, acostumbradas al proteccionismo
y al corto plazo, cooperar en programas de I+D con sus equivalentes europeas y
constatar que éstas intercambiaban continuamente conocimientos y personal con
universidades y OPI. El
creciente intercambio con países europeos está teniendo también efectos
devastadores para los pesimistas históricos: frente a la actitud (todavía presente
incluso en medios de comunicación serios) de considerar la universidad española
como el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno, me remito al
testimonio de los estudiantes que en programas tipo Erasmus han permanecido
algún curso en otras universidades europeas. Todavía me falta por encontrar un
caso en que hayan declarado que su formación en la universidad española era de
menos nivel que la que recibían en el país extranjero. Pero
en la dimensión europea lo más interesante está aún por hacer. Como ejemplo de
nuevas ideas, que empiezan ahora a gestarse señalemos una: este mismo año,
responsables de agencias de financiación de los más importantes países han
comenzado a discutir la posibilidad de crear la semilla de lo que en un plazo no
muy lejano vendría a ser una agencia de financiación europea (European Research
Council), que comenzaría nutriéndose modestamente de algo así como el 0,5 % del
presupuesto de dichas agencias nacionales y que haría convocatorias anuales a
nivel europeo para estimular la investigación de alta calidad. Se trataría de
conseguir estimular aquellos grupos de investigación que representasen no sólo
«lo mejor de su país» sino «lo mejor de Europa». Una vez más encontramos un
elemento de convergencia. Han
pasado ya algunos años desde aquella década de los ochenta. Cuando se echa la
mirada atrás, creo que hay que reconocer que la mejora ha sido evidente. La
investigación ha adquirido carta de naturaleza en las universidades, el CSIC ha
crecido notablemente en cantidad y calidad, los otros OPI han ido centrando su
papel mucho más cerca de la I+D que antaño, contamos con un conjunto de jóvenes
inteligentes y bien formados, capaces de impulsar la investigación en los
próximos años. Hay
otras cuestiones todavía pendientes: por ejemplo, el eterno problema de la
cooperación entre centros públicos y empresas que no funcionan todavía con la
eficacia requerida, o la necesidad de conseguir una mayor masa crítica en el
sistema aprovechando los excelentes jóvenes formados que ahora tenemos. En el
terreno de la investigación fundamental, se echa de menos una mayor asunción de
riesgo por parte de los investigadores, que muchas veces tienden a perpetuarse
en el seguimiento de una línea de investigación que ya no se justifica. Para el
análisis y resolución de estos problemas pendientes, el recientemente creado
Ministerio de Ciencia y Tecnología concita las esperanzas de los científicos. Finalmente una
reflexión de tipo económico. La década de los ochenta significó también un
crecimiento espectacular del gasto español en I+D, que pasó en este período de
algo más del 0,4 % al 0,9 % del PIB. A veces se lee que el objetivo de una
determinada política es la de incrementar en tres o cuatro años el gasto
español en I+D del aproximadamente 0,9 % del PIB actual hasta el 2 % de media
de los países de nuestro entorno europeo. Mi opinión es que una afirmación de
ese tipo revela ignorancia, quizá no exenta de buena voluntad, pero implica un
preocupante desconocimiento del sistema y, en particular, de las necesidades de
personal cualificado que requiere tal crecimiento. Mantener un crecimiento anual
continuado del 0,05 % del PIB (equivalente a unos 45 000 millones de
pesetas), como ocurrió en la década objeto de nuestra atención, es ya una meta
ambiciosa que implica un gran esfuerzo público y privado, si se quiere
lógicamente que el gran esfuerzo presupuestario proporcione un rendimiento
adecuado. Desgraciadamente,
experiencias no muy lejanas muestran que en nuestro país la I+D es un candidato
cualificado a la hora de los recortes presupuestarios. La actividad científica,
por el contrario, requiere un mínimo sosiego y quizás sería mejor un compromiso
de mantener el ritmo de crecimiento «modesto» mencionado anteriormente
(¡más de un 5,5 % anual en términos reales!) que generar expectativas poco
racionales basadas esencialmente en el voluntarismo. Pocos negarían el
rumbo positivo de la I+D española en la década de los ochenta. Esto no implica
discrepancia sobre ciertas actuaciones. Por ejemplo, al parecer de algunos, el
Plan Nacional de I+D debería haber sido más dirigista desde las agencias
financiadoras, enfocado primordialmente a la resolución de problemas concretos
de nuestra sociedad. Personalmente, siempre he preferido dejar una amplio
margen de iniciativa a los investigadores por múltiples razones, entre otras
porque es la única manera de fomentar la consecución de resultados
verdaderamente rompedores, capaces de alterar la marcha de la investigación y
el desarrollo tecnológico en una determinada línea. Y, además, porque no quiero
ser objeto de la crítica de aquel viejo dicho inglés en relación con las tareas
de los académicos que dice que el que es capaz y puede, investiga; el que no
puede ya investigar, enseña y el que no puede ya ni investigar ni enseñar,
gestiona. Juan Rojo es
Catedrático de Física de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el
período comprendido entre 1985 y 1992 ocupó el puesto de Secretario de Estado
de Universidades e Investigación.
Frases destacadas «Al principio de la década de los
ochenta, el sistema estaba a punto para acometer una reforma que permitiera la
integración definitiva, la llamada convergencia, con los países europeos
del entorno.» «Los Planes Nacionales han tenido una
gran repercusión en el desarrollo de la ciencia gracias a haber sabido
transmitir el mensaje de que la calidad
científica es el elemento inexcusable a la hora de valorar y reconocer la
investigación.» «Quien no lo ha visto de cerca no puede
imaginar el efecto que tuvo para muchas empresas españolas, acostumbradas al
proteccionismo y al corto plazo, cooperar en programas de I+D con sus
equivalentes europeas.»
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