Visión periodística de una normalización frustrada

Journalistic perspective of a truncated normalization

Malén Ruiz de Elvira

La Ley de la Ciencia, el instrumento legal sobre el que se ha construido el actual sistema de ciencia y tecnología, ha cumplido ya 15 años, tiempo más que suficiente para el análisis. La autora propone un recorrido crítico por un largo período que empezó con enormes expectativas y que, tras un buen arranque, concluye con una situación global que en términos numéricos no es muy distinto del que existía hace un decenio. Demasiado tiempo estancados, señala, como para no hablar de oportunidad perdida.

The Law of Science, the legal instrument on which the current Science and Technology system as been developed, has celebrated its 15th birthday, sufficient time as to analyze its results. The author leads us through a critical analysis that began with many expectations and that after a good startup, reaches the current global situation which, if analyzed as numerical facts is not that different from the situation being lived a little over a decade ago. Such a long period of inactivity has meant allowing many opportunities to go by.

Durante los 15 años de existencia de la Ley de la Ciencia, los periodistas nos hemos encontrado continuamente ante un panorama confuso y opaco del sistema español de ciencia y tecnología que sus responsables políticos, nuestros interlocutores, han tenido, por lo general, muy poco interés en aclarar. Sus razones han resultado ser obvias para quienes hemos visto que las cosas en ciencia han cambiado a mejor (hay numerosos indicadores objetivos en este área), mucho menos de lo que cabía esperar en los años ochenta, durante los tiempos de la euforia temprana de esta norma, que creó el marco para la homologación española respecto a Europa.

La política científica no ha llegado a ser en todos estos años, por ésta y por otras razones, un tema periodísticamente relevante e informativamente interesante más allá de ocasiones puntuales. La pequeña y poco estructurada comunidad científica ha tenido hasta ahora demasiado poco peso social y económico y, por tanto, político, como para desempeñar un papel importante en el devenir de los hechos que le atañen. El resultado es que ha sido difícil dar al público una visión fidedigna y atractiva de lo que pasaba en la investigación en España, ya que se trata de una información no normalizada todavía, en la que no existen apenas protagonistas, personales e institucionales, ni polémicas, ni temas que susciten una discusión social similar a las que se producen en otros países europeos.

El poco juego informativo de una política que está real y comprobadamente estancada a pesar de las grandilocuentes declaraciones de los políticos de turno, lo aclaran dos ejemplos. En los años ochenta el objetivo –que, se decía entonces, estaba al alcance de la mano- era llegar a invertir el 1 % del producto interior bruto (PIB) en investigación y desarrollo (I+D) (ya entonces Europa se acercaba a una media del 2 %). Ahora, en el siglo siguiente, ese modestísimo objetivo sigue sin cumplirse, aunque con el agravante de que se ha echado mano de la inclusión de gastos militares y de un concepto igualmente confuso, la innovación, para maquillar las cifras oficiales. La apuesta política por el desarrollo científico y tecnológico del país, que suponía la homologación con el resto de Europa, nunca se ha concretado a largo plazo y los periodistas que seguimos la actualidad científica y tecnológica hemos sido espectadores obligados de esta oportunidad perdida.

Veamos otro aspecto al que se ha prestado informativamente mucha menos atención a pesar de que representa un misterio. También a finales de los ochenta, el entonces ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana, daba respuestas intencionadamente vagas a las preguntas sobre el porcentaje de actividades de I+D que realizaba y financiaba la empresa privada. Lo poco que investiga la empresa privada era entonces –y es ahora, exactamente igual– uno de los problemas mayores de la investigación y desarrollo en España que sucesivos gobiernos se han empeñado en remediar por atajos que no han dado apenas resultado. Grandes cantidades de dinero se han destinado a financiar supuestas actividades de investigación y desarrollo en sectores industriales cuyo fruto ha sido muy pequeño por falta de una base suficiente en las empresas y por la laxa selección de los proyectos a financiar.

En 1991, último año de crecimiento del sistema español de ciencia y tecnología, con un PSOE que todavía permanecería cinco años en el poder, las cifras eran muy claras y lo curioso es lo poco que han cambiado en 10 años. El porcentaje de PIB había alcanzado el 0,87 %, la empresa financiaba el 46,9 % de las actividades de I+D, pero ejecutaba varios puntos más, gracias a la política de incentivos públicos en forma de apoyos financieros de diversa índole (según el análisis efectuado entonces por Alberto Lafuente y Luis Oro). Y, a pesar de esta supuestamente alta actividad empresarial (se incluían entonces grandes empresas públicas posteriormente privatizadas), bastante menos del 30 % de los investigadores estaba empleado en estas empresas. Un desequilibrio difícilmente explicable que en la actualidad, cuando las cifras oficiales adjudican a las empresas más de la mitad de las actividades de investigación sin que se corresponda con el número de investigadores que emplea, sigue siendo un misterio. Entonces, un secretario de Estado de Universidades e Investigación trató de que los proyectos de I+D de empresas que financiaba con créditos blandos el Ministerio de Industria y Energía tuvieran como condición necesaria la contratación de científicos con título de doctor. Ahora, el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, tras cinco años de gobierno del Partido Popular, ha vuelto a «descubrir América» con la puesta en marcha de un programa de ayudas a las empresas (el Programa Leonardo Torres Quevedo) para que contraten científicos y tecnólogos. Muy poco ha cambiado en 10 años.

Entonces, las empresas que supuestamente investigaban, aunque sin apenas investigadores, eran en su mayoría grandes y relacionadas con los sectores de la energía, la industria química y la maquinaria e investigaban sobre todo de forma independiente. Ahora, la situación es muy parecida y siguen lloviendo créditos millonarios para proyectos que en otros países no pasarían el listón de lo que es investigación. En todo este cuadro lo que más sufre es la competitividad intrínseca al sistema científico, que sólo se puede sostener con evaluaciones externas independientes, algo que en España no está nada de moda porque resulta obviamente incómodo para los responsables políticos que no desean controles externos para el manejo de unos fondos cuya distribución debería estar en manos de profesionales y no de políticos. Y esto a pesar de que en los años ochenta, tan recordados para bien por muchos, se establecieron los mecanismos correspondientes, como la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, en la actualidad muy devaluada. Pero todo esto, hay que decirlo claramente, no resulta serio, no se corresponde con lo que se hace en un país moderno, como cualquiera que se mueva por Europa y Estados Unidos puede comprobar fácilmente.

Cuando está todo prácticamente inventado en la ciencia moderna y los sistemas serios de ciencia y tecnología se basan en los criterios de relevancia científica y excelencia sobre la base de evaluaciones continuas, sorprende la tendencia de los políticos españoles a ir por libre, con continuas desviaciones improvisadas por caminos de dudoso éxito, de la mano del amiguismo o del deslumbramiento del ignorante. Esta errática trayectoria no es ajena a las características de las personas que han ocupado los máximos cargos de política científica españoles en los últimos 10 años, en su mayoría ajenas al mundo científico, que a lo más que han llegado es a creerse las fábulas de la alta tecnología como panacea. Los sucesivos gobiernos, al igual que han dejado escapar a muchos de los mejores cerebros que se formaron con dinero público, también han rechazado utilizar a las personas que mejor hubieran podido gestionar la política científica, de forma profesional, seguramente porque estas personas hubieran exigido ir por la senda correcta y organizar a largo plazo, con pocos dividendos políticos para los gobernantes.

Decía un gestor canadiense hace poco que en su país, antes de que se diera el actual impulso a la política de investigación, se decía que los científicos se quejaban más que los agricultores. Y es verdad que en tiempos malos los investigadores llegan a parecer meros pedigüeños, pero también es cierto que es un área en la que no debería haber tiempos malos, sino estrategias a largo plazo que representan una apuesta casi segura por nuevos puestos de trabajo, patentes y nuevas empresas avanzadas. Aunque el número de científicos españoles ha aumentado, lo mismo que su producción, y existe un buen nivel en algunas áreas, la situación es penosa en general. Sin reformas estructurales que permitan una carrera científica, sin política a largo plazo, los investigadores navegan prácticamente por libre, trabajando en colaboración personal con otros países, sin que exista una política seria de prioridades ni dinero para grandes proyectos o infraestructuras.

En España faltan obras pero sobran declaraciones, y no hay escasez de análisis, en general, de alta calidad. Dejando aparte impresiones personales, ahora mismo, a principios del siglo xxi, es verdaderamente notable la unanimidad en los análisis pesimistas por parte de prácticamente todos los actores del sistema español de ciencia y tecnología (que no incluye, lógicamente, los políticos en el poder). Se ha perdido una oportunidad única de hacer también la transición científica y tecnológica, por falta de verdadero interés político. Muy poco dinero, bien administrado y con un plan estructural a largo plazo, pactado en el Parlamento, hubiera bastado para situar a España en el año 2000 en un plano de igualdad con los países que verdaderamente creen que la ciencia y la tecnología son la base del desarrollo económico de un país. Otros países que se habían quedado atrasados o que tradicionalmente estaban en los últimos lugares lo están haciendo. Canadá es un ejemplo, Irlanda otro, y Portugal es el más cercano e interesante si existiera algún día interés político por recuperar el impulso en ciencia y tecnología.

En España, de hecho, se ha optado (aunque dudo que premeditadamente), y con la aquiescencia de una sociedad que no valora el saber científico, por seguir siendo un país de servicios, con una balanza tecnológica estremecedoramente desequilibrada a favor del exterior. Sería una opción aceptable, siempre que se reconociera como tal y no se jugara durante ya demasiado tiempo a la ceremonia de la confusión, que tanto trabajo ingrato e inútil da a los periodistas, con su perpetuo baile y maquillaje de cifras para hacer creer que han cambiado mucho y para bien las cosas desde la denostada fuga de cerebros del franquismo y el «que inventen ellos» todavía anterior.

Malén Ruiz de Elvira es corresponsal científica en el diario El País. Ha estudiado Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y periodismo, y trata temas de ciencia, tecnología, y medio ambiente.

Frases destacadas

«Sin reformas estructurales que permitan una carrera científica, sin política a largo plazo, los investigadores navegan prácticamente por libre sin que exista una política seria de prioridades ni dinero para grandes proyectos o infraestructuras.»

«Muy poco dinero, bien administrado y con un plan estructural a largo plazo, hubiera bastado para situar a España en un plano de igualdad con los países que verdaderamente creen que la ciencia y la tecnología son la base del desarrollo económico.»