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¿Sueñan los jóvenes investigadores con una carrera
profesional?
Do young researchers dream with a professional
career?
Miquel Tuson El diseño de
la carrera profesional en España supone, a juicio del autor, un pesado lastre
que afecta no sólo a los investigadores en su largo proceso de formación, sino
al sistema científico en general, que acaba viéndose privado de un potencial en
recursos humanos en las mejores condiciones. El autor reclama el impulso de
medidas que faciliten tanto una mejor formación como el ingreso efectivo en el
sistema de ciencia y tecnología. For the author, the design scientific professional
careers is one the pending issues that is affecting researchers during their
training, and the Spanish scientific system altogether. The system is being
deprived from some of its top quality human resources. The author demands
supporting measures capable of helping these young researchers in getting the
training they need and incorporating them into Spain’s science and technology
system. En una conocida novela de ciencia
ficción, su autor Philip K. Dick se preguntaba si los androides podían soñar
con ovejas eléctricas, e hipotetizaba sobre un mundo dominado por replicantes.
Finalizado el primer año del tercer milenio sin noticias de androides ni de
ovejas eléctricas, los jóvenes investigadores españoles, predoctorales y
posdoctorales, siguen soñando con una carrera investigadora bien diseñada y con
una política científica española que, por el momento, todavía forman parte de
la ciencia ficción. Los primeros pasos
en una carrera de obstáculos
En España, la carrera profesional de un
investigador se inicia, una vez obtenida una titulación superior, con la
realización de una tesis doctoral en el seno de un grupo de investigación
vinculado a la universidad o a un centro de investigación. Este período, de
duración no definida, pero que por lo general comprende alrededor de cuatro
años −duración máxima de la mayoría de becas predoctorales−,
incluye la etapa formativa y de perfeccionamiento del joven investigador.
Actualmente, después de la reforma del tercer ciclo universitario, consta de
una primera etapa de dos años, en la cual se inicia el proyecto de
investigación, se asiste a cursos de doctorado, y al final de la cual se evalúa
su labor como investigador para optar al Diploma de Estudios Avanzados
−antigua Suficiencia Investigadora-, y de una segunda etapa
exclusivamente investigadora que culmina con la defensa de la tesis doctoral y
la obtención del título de doctor. En el período predoctoral, el licenciado
universitario suele realizar su trabajo científico mantenido con una beca de
investigación, que no le reconoce su labor productiva y que le impide percibir
cualquier tipo de derechos sociales o tener representación en los órganos de
gobierno de los centros donde realiza su trabajo. En España no existe
regulación alguna de un colectivo que representa unos 15 000 profesionales cualificados,
que dependen de más de 60 tipos distintos de becas de investigación,1
de cuantías variables para la realización de un mismo trabajo, y que en algunos
casos llegan a realizar su labor sin remuneración salarial. En otros casos, las
becas simplemente son una forma de subcontratar a precio de saldo, sin derecho
laboral alguno, personal docente que impartirá más de 100 horas de clases
anuales, al mismo tiempo que inicia su proyecto de tesis. Sin lugar a dudas, se
puede decir claramente que los jóvenes investigadores salen muy baratos a las
administraciones y universidades españolas. Frente a las demandas para la conversión
de estas becas en contratos laborales realizadas por la Federación de Jóvenes
Investigadores/Precarios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología argumenta que
la labor desarrollada por el personal investigador en formación y
perfeccionamiento (PIFP) no es productiva. Detrás de la no consideración como
trabajadores se encubre la ausencia de bajas por
enfermedad, pensión de invalidez por accidente laboral, permisos de maternidad/paternidad, cotización para la
jubilación, y subsidio de desempleo, a pesar de que las becas están sujetas a
retenciones por rendimientos de trabajo.2 Con la finalidad de
demostrar que la actividad científica desarrollada por este colectivo es
comparable a la de otros sectores del sistema científico español, la Federación
de Jóvenes Investigadores ha presentado recientemente un estudio realizado
durante los meses centrales del año 2001,3 utilizando criterios
similares a los que utiliza la Administración para valorar la producción
científica de los investigadores en plantilla. De este estudio se desprende una
contradicción entre la realidad y las afirmaciones del Gobierno, ya que el 48,8
% de los artículos científicos españoles en revistas internacionales de impacto
están firmados en primer lugar por un investigador en formación y
perfeccionamiento (pre o posdoctoral). El índice de productividad de este
colectivo es de 0,31 contribuciones por persona y año, para los investigadores
predoctorales, y de 0,74 para los posdoctorales, cifras perfectamente
equiparables a las 0,52 contribuciones por persona y año del personal
investigador en plantilla. Una de las consecuencias más evidentes
de la precariedad en las primeras etapas de la carrera investigadora ha sido
puesta de manifiesto recientemente en el Libro Blanco de la Universidad de
Oviedo, donde se afirma que «el desarrollo de la ciencia y la tecnología
asturianas puede verse comprometido en los próximos años debido a la escasez de
becarios dispuestos a obtener el grado académico de doctor». Esta conclusión,
aplicable al resto de universidades españolas, y recogida también en el Informe
Universidad 2000 (Informe Bricall),4 donde se constata (capítulo
4, punto 47) que del orden del 87 % de los titulados superiores que inician
estudios de doctorado no terminan obteniendo el título de doctor, evidencia la
elevada deserción que se da ya desde las primeras etapas de la carrera
investigadora, y refleja la desmotivación existente en un colectivo
acostumbrado tradicionalmente a aceptar, simplemente por vocación científica,
condiciones de trabajo que serían inaceptables en otros sectores laborales al
mismo nivel. En esta línea, un estudio publicado en 19985 cifraba en
un 46 % el porcentaje de investigadores que abandonan sus becas predoctorales.
La conclusión a la que llega el Libro Blanco de la Universidad de Oviedo
también confirma lo esencial que llega a ser el colectivo de investigadores en
formación y perfeccionamiento dentro de un sistema científico como el español
carente del número de investigadores senior
de otros países desarrollados, y donde la realización de los proyectos de
investigación recae principalmente en investigadores predoctorales. En el período de transición entre las
etapas predoctoral y posdoctoral se acentúa en muchos casos la precariedad del
joven investigador, que se encuentra con que se le ha terminado la beca
(raramente un proyecto de investigación se termina en cuatro años), y que tiene
que escribir la tesis sin ningún tipo de compensación salarial, y sin subsidio
de desempleo por los años trabajados. Este período puede prolongarse más de un
año hasta la obtención de una beca posdoctoral. Fuga de cerebros y
hemorragia de talentos
Con el título de doctor en sus manos y
con cerca de 30 años a sus espaldas, el joven investigador se plantea su
futuro, y si decide seguir en ciencia, prácticamente su única opción es
emigrar. En el horizonte Estados Unidos, Francia, el Reino Unido o Alemania,
que absorben anualmente entre 400 y 600 nuevos doctores formados en España, que
pasan a engrosar la cifra de cerca de 3000 investigadores de entre 25 y 45 años
que trabajan en universidades, centros de investigación y empresas en el
extranjero. Nadie discute la valía, para la
formación del nuevo doctor, de un período investigador desarrollado en el
extranjero, en países donde realmente se valora la investigación científica y,
en consecuencia, tanto la Administración como las empresas invierten en I+D y
allá donde los grupos de investigación tienen los recursos suficientes para
desarrollar una investigación de primera línea; pero de la misma forma, el
joven investigador tendría que tener la opción de elegir quedarse en su país,
pudiendo iniciar su labor posdoctoral en una universidad o centro de
investigación español. La falta de planificación en este sentido, que no
subsana el plan Ramón y Cajal puesto en marcha el año 2001 por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología con el objetivo de poner un parche a la fuga de cerebros,
permite que solamente una minoría de jóvenes científicos puedan quedarse en su
país como lo hacen los jóvenes investigadores americanos, ingleses, franceses o
alemanes, si así lo desean. El período posdoctoral se rige por becas
y contratos de índole diversa,6 como las becas otorgadas por el
Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y
distintas comunidades autónomas −con una dotación económica insuficiente
para sobrevivir en cualquiera de los países de destino−, ayudas de la
Unión Europea, así como las preferibles por su dotación concedidas por
universidades, laboratorios y empresas extranjeras, acordes con el nivel de
vida del país donde se desarrollará la estancia y que en muchos casos son
asimilables a contratos, o son contratos con todas las de la ley. El difícil retorno
Después de una o varias estancias
posdoctorales en el extranjero, muchos jóvenes científicos se plantean su
retorno a España. En la mayoría de casos este retorno está motivado por causas
de tipo personal o familiar, y no de tipo académico y laboral. En esta línea,
Gonzalo Giribet, investigador de 30 años y profesor en la Universidad de
Harvard, en un artículo publicado el 14 de marzo de 2001 en El País, afirmaba que «España no
va bien (científicamente), pero en España se vive bien. Lo que sí tengo claro
es que yo a España vuelvo de vacaciones, pero para hacer ciencia me quedo aquí». Ante la escasez de oportunidades para
volver, la mayoría de jóvenes investigadores deciden prolongar indefinidamente
su estancia en el extranjero, hecho que beneficia el sistema científico de los
países receptores, como resaltaba Carmen Herrero, inmunóloga en el Hospital for
Special Surgery de Nueva York, en un reportaje monográfico aparecido el 25 de
febrero de 2001 en El Periódico:
«Estados Unidos se beneficia (de la mala planificación en España) porque la
mayoría terminamos trabajando aquí». La paradoja es la siguiente: el Estado
invierte en la formación de unos científicos que no desarrollarán sus
investigaciones en España. Y no es de extrañar que esto suceda, ya que fuera
encuentran las facilidades para llevar a cabo sus proyectos, como afirmaba
Gonzalo Giribert en su artículo en El
País: «mientras estamos en el extranjero, en general disponemos de elevados
presupuestos, espacio, equipamiento y buenas bibliotecas, además de colegas
bien entrenados y dinero para viajes, congresos, suscripciones, libros, y sobre
todo el ser considerados como científicos independientes y responsables». El año 2001 ha visto la puesta en marcha
del Programa Ramón y Cajal (BOE nº 94, de 19 de abril de 2001),
promovida desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En su primera
convocatoria, este programa cuyo objetivo es la incorporación de doctores al
sistema español de ciencia y tecnología, ofrecía 800 contratos de cinco años de
duración, que en teoría podían permitir el regreso de muchos de los más de 3000
investigadores españoles en el extranjero. La realidad ha sido otra, ya que la
necesidad, para la presentación de solicitud, de una carta de aceptación del
centro de investigación donde se instalaría el investigador, en la práctica ha
cerrado las puertas a centenares de brillantes científicos que se encuentran en
el extranjero porque los centros de investigación han favorecido a los
candidatos internos. La investigadora del Cold Spring Harbour Laboratory,
Marisol Soengas, que ha publicado sus trabajos más recientes en Nature, Science, o Nature Genetics,
lo resume en una frase: «he visto cómo era el programa y no me ha interesado ni
intentarlo». La puesta en marcha del programa Ramón y
Cajal viene acompañada de la supresión de los contratos de reincorporación, lo
que supone una redistribución de fondos ya existentes y evidencia una vez más
que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha perdido una buena
oportunidad para dar salida al enorme potencial científico humano que España
tiene en el extranjero. ¿Cómo puede existir la investigación
científica en España? «Los afanes y gastos exigidos por la
creación y sostenimiento de una familia, en contraste con las mezquinas
retribuciones con que el Estado sufraga la función docente, constituyen, según
es harto sabido, otra de las razones alegadas por muchos de nuestros profesores
para desertar del laboratorio». Estas palabras escritas en 1897 por Santiago
Ramón y Cajal en su libro Los tónicos de
la voluntad, siguen, en cierta manera, en plena vigencia un siglo después.
Pero no sólo de precariedad a nivel de los investigadores adolece la ciencia
española. La inexistencia de una planificación de futuro en materia de política
científica en nuestro país es la razón por la cual España se encuentra en la
cola de los países de la Unión Europea en ciencia, con una inversión en I+D que
corresponde al 0,94 % del PIB, por debajo del 2 % de la media europea, y muy
por debajo del 2,7 % y del 3 % que destinan Estados Unidos y Japón,
respectivamente. En materia de inversiones, uno de los lastres más importantes que sufre la ciencia en nuestro país, y que por razones éticas tiene que ser denunciado a viva voz, es la concesión de créditos para empresas que desarrollan material militar, en programas de I+D dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según la cátedra UNESCO sobre «Paz y derechos humanos» de la Universidad Autónoma de Barcelona, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 la inversión para investigación, desarrollo y fabricación de material militar asciende a 248 063 millones de pesetas. Vicenç Fisas, titular de la cátedra, subraya que «este faraónico gasto en armamentos es un insulto a la comunidad científica que trabaja en proyectos de utilidad social, y cuyos programas están muchas veces sujetos a restricciones presupuestarias debido a la prioridad que se concede a los programas militares». La inversión en I+D militar es 12 veces superior a la que se destina para investigación sanitaria. La ministra de Ciencia y Tecnología tendría que explicar porqué el Ministerio que dirige invierte dinero −que se podría destinar a la investigación en la lucha contra el cáncer−, para el desarrollo de armas que usarán los niños de la guerra en Sierra Leone. Otro aspecto a tener en cuenta en
materia de I+D es que en los países desarrollados gran parte de su sistema
científico es financiado por empresas. A las empresas españolas no les interesa
la ciencia, así lo resaltan los datos del Instituto Nacional de Estadística,
que contemplan que sólo un 10,71 % pueden calificarse como innovadoras; de
ellas, sólo un 25% realiza actividades propias de investigación y desarrollo,
según la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica. El sistema científico español también
adolece de un déficit en el número de investigadores. Según datos de la OCDE,
en España hay unos 60 000 investigadores, mientras que la media de la Unión
Europea se sitúa en 100 000. A un ritmo de 2000 contratos anuales, tardaríamos
20 años para ponernos a un nivel comparable al de otros países desarrollados.
Para que sirva de ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), donde trabajan 2800 investigadores en formación, emplea a 2000
investigadores funcionarios, mientras que su homólogo francés, el CNRS, emplea
a 20 000 investigadores. Asegurar unas buenas condiciones laborales para los
investigadores españoles y una mayor inversión en I+D, tanto pública como
privada, son los pilares de un desarrollo serio y constante de la ciencia y la
tecnología en España. Como se ha subrayado desde la Federación
de Jóvenes Investigadores, en el Manifiesto
contra la precariedad en la investigación (firmado por más de 3000
científicos senior españoles), esto
pasaría por un reconocimiento de la labor productiva desarrollada por el PIFP,
a través de una regulación explícita de sus derechos y deberes; por la
sustitución del actual sistema de becas de investigación por otro de contratos
que proporcione a este colectivo la cobertura social que todo profesional
merece; por la promulgación de una ley de mínimos, aplicable a todos los
organismos, que unifique las características de los contratos en lo relativo a
derechos y obligaciones; y finalmente, por un estímulo de la red española de
investigación a través de un incremento en el gasto dedicado a I+D y a la
formación del personal investigador, unido a un aumento paralelo en el control
del destino de los fondos, a una implicación más estrecha de las universidades
y centros de investigación con el tejido productivo del país y a un mayor
acercamiento a las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Uno se llega a preguntar si quizá la ciencia en España sólo interesa a los propios científicos. Mientras siga existiendo este déficit en materia de política científica en nuestro país, los jóvenes investigadores seguiremos soñando con ovejas eléctricas, o lo que es lo mismo, con un futuro de ciencia (ficción). Notas
[1] Relación de becas predoctorales:
http://www.precarios.org/docs/predoctorales.pdf. 2 Comparación de la situación del Personal Investigador en
Formación y Perfeccionamiento en los distintos países de la Unión Europea:
http://www.precarios.org/docs/TablaUE.pdf. 3 Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios. 2001.
Estudio bibliométrico de la producción científica del Personal Investigador en
Formación y Perfeccionamiento en España. Consultable en: http://www.precarios.org/docs/EstudioPrductividadOct2001.pdf. 4 Informe Universidad 2000. IV.Generación y Aplicaciones del
Conocimiento. 3.8. Una mayor potenciación de los esfuerzos de formación de
nuevos investigadores: reforma de los estudios de doctorado. Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). pp. 251-256. Consultable en:
http://www.crue.org/informeuniv2000.htm. 5 González de la Fe MT, Pérez Yruela M, Fernández Esquinas
M. 1998 La formación de investigadores en el Plan Nacional de I+D: Una
aproximación evaluativa. Gestión y análisis de políticas públicas 5-6.
Consultable en http://www.precarios.org/docs/I+D.doc. 6 Relación de becas posdoctorales:
http://www.precarios.org/docs/postdoctorales.pdf. Bibliografía Cebrián S.: Doctoral Education
in Spain. Science Next Wave, 2001 (http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/2001/09/25/1?).
Consultable también en:
http://www.precarios.org/nrecortes/Science-NextWave_121101.html. Cebrián S.: 2001. Spanish Science
Haemorrhages Talent. Science Next Wave, 2001
(http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/2001/09/20/1?). Consultable también en:
http://www.precarios.org/nrecortes/ScienceWave_121101.html. Agradecimiento El autor quiere agradecer a la
Comisión de Documentación de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios
la gran labor realizada en la elaboración de documentos, estudios e informes
sobre la situación del Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento. Miquel Tuson es investigador predoctoral en el Departamento de Genética
de la Universidad de Barcelona. Miembro de D-Recerca, Associació de Doctorands
i Becaris de Recerca de Catalunya, y de la Federación de Jóvenes
Investigadores/Precarios. Frases destacadas
«En España no existe regulación alguna para un colectivo de 15 000 profesionales que dependen de más de 60 tipos de becas y que en algunos casos llegan a realizar su labor sin remuneración salarial.» «El Programa Ramón y Cajal ha supuesto una redistribución
de fondos ya existentes y una oportunidad perdida para dar salida al potencial
científico humano que España tiene en el extranjero.»
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