La
territorialización de la ciencia y la tecnología
Science, technology and territorial issues Alfonso González Hermoso de Mendoza El sistema español de ciencia y tecnología se ha visto sometido, en opinión del autor, a dos procesos de cambio en apariencia contrapuestos: la territorialización derivada de la implantación del Estado de las autonomías y la dependencia respecto a decisiones supranacionales como consecuencia de la integración a Europa. De ambos, sostiene el autor, pueden extraerse efectos beneficiosos para el conjunto de España. In the author’s view, the Spanish science and
technology system has been submitted, to two conflicting processes:
territorialization, as a consequence of Spain’s autonomous communities
territorial system and the dependency on supranational changes, as a result of
Spain’s integration in Europe. These two processes seem to have yielded good
results for Spain. Una de las principales transformaciones vividas
en España en el último cuarto de siglo ha sido la descentralización del poder
político provocada por la existencia de comunidades autónomas y, en sentido
contrario, por la dependencia de decisiones supranacionales derivadas de la
incorporación a la Unión Europea. La evolución en este período del sistema
nacional de ciencia y tecnología es fiel reflejo de las tensiones, no
resueltas, que han generado estos cambios estructurales, es decir, de la
regionalización y europeización del Estado. La práctica totalidad de
las comunidades autónomas dispone en la actualidad de políticas propias de
investigación. Políticas que se caracterizan, en primer lugar, por carecer de
vínculos formales con las actuaciones nacionales, más allá de las que de manera
unilateral hayan querido incorporar las administraciones regionales. En segundo
lugar, por estar impulsadas desde la Unión Europea que con insistencia ha
dirigido indicaciones a los destinatarios de los fondos estructurales, sobre la
conveniencia de invertir en capacidades para la investigación y el desarrollo
con el objetivo de adecuar las economías regionales europeas a las exigencias
de un mercado mundial. Y por último, por el crecimiento significativo de los
recursos que dedican. Incremento que surge del convencimiento de las
administraciones regionales de que la mejora de su competitividad territorial
pasa necesariamente por la inversión en ciencia y tecnología. Además, el proceso de
descentralización del Estado ha deparado otro suceso de enorme impacto para el
sistema nacional como es la transferencia de competencias en materia universitaria
a las comunidades autónomas. Las universidades son la primera institución en
producción científica en España. Es en su ámbito en donde han crecido los
recursos humanos públicos en investigación de manera significativa. Cada vez
más, las regiones aumentan sus inversiones en universidades, considerando que
estas instituciones son el principal instrumento para el desarrollo económico
de su territorio en la naciente sociedad del conocimiento. Por otra parte, las
políticas de la Unión Europea en I+D, definidas en los sucesivos programas
marco, han tenido una enorme capacidad de liderazgo en España a la hora de
fijar las prioridades de los investigadores públicos, en especial de aquéllos
con una mayor proyección internacional, arrastrando importantes recursos
nacionales y regionales en su ejecución. Territorialización del conocimiento Las tendencias aquí recogidas ponen de
manifiesto la creciente fragmentación en recursos y objetivos del sistema
nacional. Circunstancia que adquiere una mayor importancia si tenemos en cuenta
su limitado tamaño y arraigo social. Sin embargo, dos eventos recientes, la
propuesta de la Comisión Europea sobre el Espacio Europeo de Investigación
(EEI) y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pueden servir para
cambiar la situación actual. El EEI se fundamenta en la regionalización o
territorialización y en la europeización del conocimiento. Fenómenos que lejos
de ser contradictorios se presentan como convergentes y complementarios, en
este nuevo escenario. El EEI se construirá como una red de áreas de excelencia,
como una estructura policéntrica en la que se invierte el planteamiento
tradicional que responde a la pregunta de «qué va a hacer la Unión Europea», en
este caso, por la ciencia y la tecnología de mi país, por otro radicalmente
distinto, en el que lo importante pasa a ser: ¿qué pueden aportar los distintos
territorios para hacer de Europa un área más competitiva frente a Estados
Unidos y Japón? Unir y apoyar a estos centros de excelencia será el objetivo fundamental
de la Comisión Europea en los próximos años. Los programas marco parecen
llamados a reducir su protagonismo, recalcándose su valor instrumental al
servicio del EEI. La estricta aplicación del principio de
subsidiariedad y la utilización del artículo 169 del Tratado de la Unión (por
primera vez en la historia de ésta), que remite a la celebración de acuerdos
con los Estados cofinanciando proyectos de interés común, nos define un nuevo
escenario en el que sólo los Estados que tengan políticas bien definidas y
consensuadas en sus respectivos países podrán beneficiarse del futuro EEI. España parte de una situación teórica
privilegiada para beneficiarse del EEI, ya que, dispone de unas
administraciones regionales potentes y con experiencia en la gestión y, además,
de un Ministerio de Ciencia y Tecnología (no podemos ignorar el hecho de que
por primera vez en la historia, los responsables de la ciencia y la tecnología
se sientan en el Consejo de Ministros en paridad con los de otras políticas),
uno de cuyos primeros deberes es el de dar cumplimiento al artículo 149.1.15 de
la Constitución Española, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica. Cambio cultural Las claves para no dejar pasar esta oportunidad
pasan por un cambio cultural y organizativo en las administraciones implicadas,
en el que le corresponde ejercer el liderazgo constitucional a la
Administración General del Estado. Dicho cambio debe afectar entre otros
aspectos a los siguientes:
·
La distribución de competencias entre Administración General del Estado y
comunidades autónomas. Los constituyentes fueron precisos a la hora de establecer
la necesidad de un sistema nacional de ciencia y tecnología, y así lo ratificó
el Tribunal Constitucional en la sentencia de 11 de junio de 1992 sobre la Ley
13/1986 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica. Por lo tanto, es una obligación ineludible de la
Administración General del Estado el garantizar a los españoles la existencia
de una comunidad científica capaz de atender las necesidades nacionales, con la
mayor eficiencia posible del gasto público. Esta situación debe complementarse dando
cumplimiento a las indicaciones reiteradas desde la Unión Europea sobre el
hecho de que son las administraciones regionales las que están mejor situadas
para ejecutar las políticas dirigidas a la explotación económica de la
investigación. Igualmente puede decirse en el ámbito de la cultura científica y
la participación ciudadana, en el que los factores de proximidad y las
competencias educativas colocan a las administraciones regionales en una
situación de privilegio para ejecutar estas políticas. Por tanto, la pretensión de una mínima garantía de eficacia en las políticas públicas, obliga a la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
· La promoción de la cooperación
interregional. Nos
encontramos ante una paradójica situación, como es el hecho de que sea más
fácil a una región española cooperar con otra europea que con una de su propio
país. Hoy por hoy no hay instrumentos que permitan esta colaboración. El
Consejo General de Ciencia y Tecnología tiene delante de si una importante
tarea que justificaría sobradamente su existencia. La cooperación es mucho más que un reparto
territorial de centros de investigación. Lo significativo para un sistema
nacional que quiera ser competitivo es disponer de centros de excelencia de
diversa índole, en los que existan medios que permitan influir en sus actividades
de cara a satisfacer las distintas necesidades regionales y, en los que esté
garantizada la accesibilidad a sus recursos para los ciudadanos, empresas y
demás investigadores de todo el país. Entidades como la NASA en Estados Unidos
o la Franhofer en Alemania ofrecen soluciones desde planteamientos muy
distintos. La cooperación interregional debe ser un elemento que favorezca la
participación española en el marco del EEI.
·
El establecimiento de acuerdos estables. Las relaciones entre las administraciones
requieren instrumentos en donde se protocolicen los compromisos económicos y
políticos a medio y largo plazo. Cuando se tomen decisiones en las que se
comprometan importantes inversiones de varias administraciones, como en los
parques científico-tecnológicos o grandes infraestructuras científicas, es
necesario que con la mayor transparencia posible se formalice el acuerdo previo
sobre su oportunidad y la definición de su organización, financiación y
objetivos. Igual razonamiento podría hacerse en las políticas
de recursos humanos que se promuevan desde los planes regionales y nacionales
de I+D, acciones que inciden directamente en las estrategias y costes de
personal de las universidades y los organismos públicos de investigación y que
necesitan un escenario estable y común. Como conclusión cabe afirmar que las distintas
administraciones con competencias en ciencia y tecnología tienen ante si el
reto urgente de adecuar su organización y relaciones al marco político definido
por la Constitución y por la Unión Europea. En definitiva, de articular un
sistema competitivo a escala internacional. En su consecución está comprometido
buena parte del futuro bienestar de los españoles. Bibliografía
Comité pata el
desarrollo económico USA: La prosperidad por medio de la investigación,
Colección madri+d, Ed. Comunidad de Madrid, Madrid, 1999. Fundación Cotec: Relaciones
de la empresa con el sistema público de I+D, Cotec, Madrid, 1999. Leydesdorff H.,
Etzkowitiz H.: A triple Helix of University-Imdustry-Goverment Relations,
Instituto de Política Científica, Universidad Estatal de Nueva York, Nueva
York, 1997. Méndez R.: Geografía
económica. La lógica del capitalismo global, Ariel, Madrid, 1997. Viale R., Ghiglione B.: «El modelo de la triple hélice», IPTS 1998; report nº 29. Alfonso González Hermoso de
Mendoza es coordinador de Programas de la
Dirección General de Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Profesor
asociado del Departamento de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.
Frases destacadas
«La pretensión de una
garantía de eficacia en las políticas públicas de ciencia y tecnología obliga a
la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas.» «En la actualidad le
es más fácil a una región española cooperar con otra europea que con una de su
propio país. Hoy por hoy no hay instrumentos que permitan esta colaboración.»
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