Ciencia, ética, política

Science, ethics, politics

Diego Gracia

Nadie pone en duda los valores de la democracia en una sociedad que pretende ser moderna. Pero las vías con las que se ha dotado no son, a juicio del experto, las que parecen más democráticas. De la mera representatividad, sostiene el autor, habría que pasar a la participación y a la deliberación. En este nuevo contexto, la ética, como ciencia y elemento de análisis, tiene un papel determinante.

The values of democracy are not questioned in a society that aspires to being considered as a modern society. However, the means democracy has been endowed with do not seem to be the most democratic. The author considers it is necessary to move on from mere representatively to participation and deliberation. In this new context, ethics, considered as a science and key elements for analysis, play a decisive role.

La ética ha sido tradicionalmente una parte de la política. Así sucede en Platón y en Aristóteles, dos de los fundadores de ambas disciplinas. La ética busca la perfección humana y ésta es imposible sin la vida en comunidad. Fue el individualismo moderno el que estableció una distinción tajante entre el individuo y la sociedad. Puede haber ética sin política, viene a decirse entonces. Pero incluso en ese caso, se afirma a renglón seguido que la sociedad civil y el Estado surgen como consecuencia del llamado contrato social, un consenso de voluntades que no puede interpretarse más que como un acto rigurosamente moral.

La concepción contractualista moderna del origen del Estado está siempre amenazada por una grave tentación. Consiste ésta en pensar que la moral es un asunto estrictamente individual, y que el orden político debe regirse por normas completamente distintas. Esta tesis se encuentra ya en los mismos albores de la politología moderna, en El príncipe, de Maquiavelo. Desde entonces no ha perdido vigencia en toda la historia de Occidente, dando lugar a un tipo de actitud mental que hoy suele conocerse con el nombre de «racionalidad estratégica».

El modo de superar la racionalidad estratégica, y por tanto de moralizar la política, se ha visto desde hace siglos en el establecimiento de un amplio elenco de derechos y libertades de los ciudadanos. Primero fueron los llamados derechos civiles y políticos, aquellos con que se llevaron a cabo las revoluciones liberales, y luego los derechos económicos, sociales y culturales, base de las revoluciones sociales de la segunda mitad del siglo xix y la primera del xx. El hecho de que las constituciones de los países democráticos los incorporaran a su articulado, parecía ser el modo más correcto y garantista de moralizar la vida pública y la acción política.

Esta mentalidad fue claramente perceptible en la España de los años de la transición democrática. Aprobada la Constitución de 1978, cuyo Título Primero recoge un amplísimo elenco de «derechos y deberes fundamentales», fueron muchos los que creyeron que la ética civil ya no podía entenderse más que en el contexto de esa norma constitucional, y que por tanto la asignatura de ética debía ser sustituida por el estudio de nuestra Constitución. Esa era la única ética civil posible y deseable, y todo lo demás debía quedar relegado al ámbito de las opciones privadas de vida de los distintos individuos y grupos sociales.

No han hecho falta muchos años para que se viera lo infundado de tal modo de ver las cosas. Pronto empezaron a surgir problemas sociales que nadie había previsto, o en los que por lo menos no se había pensado. Uno de ellos, entre otros, fue el de la corrupción pública. Y quienes años antes habían creído que esto de la ética era cosa de curas y frailes y un pobre residuo de la época del franquismo, empezaron a hablar de inmoralidades y de la necesidad de convertir la ética en una instancia de crítica social. Los más leídos recordaron entonces que ya los viejos socialistas, como Pablo Iglesias o Julián Besteiro, concedían una importancia fundamental a la ética tanto en su vida como en su acción política. No, parece que la ética no es un mero producto de la alianza entre el altar y el trono, y que puede y debe estar presente en la vida de toda sociedad, por más que ésta sea laica y democrática.

En los últimos 25 años los españoles han ido tomando conciencia de esto. Hoy nadie tiene que defender la ética, porque todo el mundo es consciente de su necesidad, ni tampoco la identifica ya sin más con el pensamiento religioso o con el deseo de clericalizar la política. Los poderes públicos se han dado también cuenta de ello, y esa es la razón de que hoy los cultivadores de la ética puedan concursar en condiciones de igualdad, cuando no de ventaja, con los de cualquier otra disciplina científica o humanística.

Pero, a pesar de todo esto, la sociedad y el Estado siguen sin entender cabalmente la importancia de la ética en la sociedad civil y lo que a todos nos va en su cultivo correcto. La generalidad de los ciudadanos tiene hoy claro que la democracia es un régimen político de mayor calidad moral que la dictadura. Esto es algo que hoy ya no se discute. En el pasado pudo tener su importancia, pero hoy ya no. Esto lleva a un fenómeno muy curioso y a ratos preocupante, a saber, que hoy cualquier crítica a la democracia se considera por completo improcedente, hasta el punto de que parece a quien la escucha no sólo inmoral sino además un acto de mala educación. La democracia no se discute.

Sin embargo, hay mucho que discutir. No porque se quiera volver a situaciones que ya creemos superadas, sino porque una sociedad que quiera funcionar bien tiene que profundizar sus hábitos democráticos, y esto exige una profunda reforma moral. De lo que hoy se queja la gente no es de que haya democracia, sino de que la democracia que tenemos es poco democrática. Si la democracia consiste en la atribución de la soberanía al pueblo y en el establecimiento de las vías adecuadas para que pueda intervenir en el poder legislativo y controlar al ejecutivo, si esto es lo que significa democracia, entonces lo que hay que decir es que nuestros ciudadanos de lo que se quejan es de que nuestros sistemas políticos son poco democráticos. Es la gran queja actual, no sólo en España sino en todo el mundo occidental, que las democracias representativas actuales son poco democráticas y necesitan profundizar sus sistemas de participación y deliberación. Así, frente o junto a la clásica democracia representativa, cada vez se habla más de democracias participativas y deliberativas.

Pero para que esto último sea posible se requiere empezar por niveles previos a los estatales. También las decisiones sociales se pueden gestionar con procedimientos autoritarios o con procedimientos democráticos, es decir, participativos y deliberativos. Antes que de democracia política hay que hablar de democracia social. No en vano se acepta que la política es un epifenómeno de la vida social. Pues bien, la democracia social depende de la educación que uno reciba y del modo como se le enseñe a comportarse. Se puede enseñar a los ciudadanos a creer que tienen que respetar a los demás, y que además tienen que darles razones de sus propios puntos de vista y escuchar los de ellos, que la disparidad de criterios no es en principio un mal sino un bien, porque permite enriquecer nuestros propios puntos de vista; o se puede educar exactamente en lo contrario, en el exclusivismo, en el dogmatismo, en la intransigencia, en la intolerancia.

El camino andado en estos últimos veinticinco años ha sido grande. Pero lo que queda por hacer no es menor. Este país sigue teniendo un grave déficit de democracia social, precisamente porque el tejido social aún no ha aprendido a convertir en sustancia de su vida los procedimientos participativos y deliberativos. Aquí está casi todo por hacer. Y en esa tarea la ética resulta insustituible. Sólo a partir de ahí será posible profundizar nuestra democracia política. La democracia no se hace sólo en el parlamento sino en las escuelas y en la calle, es decir, en los lugares donde vive la gente. Olvidarlo puede llegar a ser trágico. Basta volver la vista atrás o a algunos otros lugares, no excesivamente alejados, para comprobarlo.

Diego Gracia es Catedrático de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de Madrid. Director del Instituto de Bioética de la Fundación Ciencias de la Salud. Académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina.

Frase destacada

«Todo el mundo es consciente de la necesidad de la ética. Sin embargo, la sociedad y el Estado siguen sin entender cabalmente su importancia y lo que a todos nos va en su cultivo correcto.»