Entrevista

Alfredo Pérez Rubalcaba

«El sistema español de ciencia y tecnología necesita

políticas científicas y no reformas en el BOE»

«Spain’s science and technology system calls for transforming its policies, not the BOE»

Xavier Pujol Gebellí

«Lo primero que un reformista consecuente tiene que plantearse es si su reforma va a ser o no posible. Más que escribir una página maravillosa de literatura administrativa en el BOE, tiene que preguntarse si va a conseguir que cambien las cosas.» Alfredo Pérez Rubalcaba, actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso de los Diputados, sabe muy bien a qué se refiere cuando plantea esta cuestión. No en vano, participó de una de las épocas más interesantes de la historia reciente del sistema de ciencia y tecnología en España, la década de los ochenta. Fue una época en la que se introdujeron grandes reformas estructurales, como las leyes de Reforma Universitaria, de Sanidad o de la Ciencia. Gracias a estas y a otras iniciativas, los científicos españoles soñaron, por primera vez, con situarse a la altura de los países más avanzados en un plazo razonable de tiempo. El sueño, sin embargo, se truncaría pocos años después, justo al volver la esquina de los noventa. Hoy, desde la distancia, continúa creyendo que buena parte de lo que se hizo entonces continúa siendo válido y que las reformas que pretende introducir el actual gobierno carecen de sentido.

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Uno de los instrumentos fundamentales para el despegue de la ciencia en España fue la Ley de la Ciencia. ¿Fue un parto difícil?

Los problemas que hubo eran más bien de organización interna de la Administración, de tensión interministerial, un tipo de problemas que son muy fuertes y además constantes en el tiempo. Gobierne quien gobierne, la pelea sobre si el medio ambiente está en Agricultura o en Industria o en Sanidad, es permanente. Los funcionarios tienden a mantener sus principios y por tanto, los problemas interministeriales cuando hay competencias solapadas son tan constantes como la Ley de la Gravedad. Pero no es lo mismo esas tensiones que finalmente se resuelven con un acuerdo político que las que existen con sectores sociales que tienen unas dinámicas que para nada responden a la política del Gobierno.

Estamos hablando de una época muy especial.

La ley se aprueba en 1987 y empieza a gestarse unos dos años antes. Viene a coincidir con la Ley de Sanidad y previamente con la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Pero todas ellas tienen planteamientos distintos.

Pero reflejan de algún modo una cierta voluntad de cambio, de poner las cosas en un orden determinado.

La Ley de la Ciencia la teníamos en la cabeza desde que llegamos al Gobierno. Lo que pasa es que nos parecía insensato empezar la casa por el tejado y nos parecía mucho más razonable conocer a fondo de qué estábamos hablando, examinar a fondo la Administración. Los que estábamos en esa época, que no conocíamos mucho del funcionamiento de la Administración, tomamos una primera decisión: «no hagamos nada hasta no ver qué hay, examinemos a fondo el sistema ciencia y tecnología». Pronto nos dimos cuenta que apenas había nada. No se sabía dónde estaba el dinero, no se sabía con certeza qué ministerios intervenían ni que flujos cruzados había entre ellos. Había confusión acerca de dónde los científicos sacaban el dinero para trabajar.

¿Y lo segundo?

Lo segundo fue ver qué pasa por ahí fuera. Quisimos ver de qué mecanismos se han dotado otros países para organizar la ciencia. Y después, en tanto que tratábamos de organizar la ciencia, decidimos empezar a hacer algunas cosas: establecer prioridades, empezamos a planificar mínimamente con criterios científicos más que administrativos; incrementamos los recursos y pusimos en marcha programas de formación.

También se plantean distintas reformas.

En efecto. Se plantean dos grandes reformas. Una viene dada por la LRU, que en la medida que afecta al 60 % del sistema de ciencia y tecnología, introduce novedades importantes, como el artículo 11, que permite contratar o potenciar la dedicación exclusiva. Se ponen los cimientos de una universidad que en los años siguientes va a cambiar mucho. Asimismo se procede a la reforma del CDTI (Centro del Desarrollo Tecnológico Industrial), que es un instrumento clave y que ya en aquel tiempo se vio que estaba en una posición privilegiada para conectar ciencia y empresa; y el CSIC también empieza a hacer planificación de sus proyectos. Por otra parte, entre los años 1985 y 1987 gran parte de los recursos del CSIC ya estaban en un marco global que empezaba a apuntar prioridades y objetivos. En ese momento disponemos también de un buen documento que analiza qué pasa con la ciencia en España. El documento presta especial atención a los flujos financieros, así como a las capacidades y potencialidades del sistema y a las estructuras de cada ministerio. Ello nos permite lanzarnos a hacer la Ley.

Y la Ley empieza a dar frutos en muy poco tiempo.

Una vez alcanzado el consenso interno en el Gobierno, que se logra en parte porque José María Maravall (ex ministro de Educación) es un ministro con muchísimo peso político.

Pero también hubo resistencias.

Bueno, las normales. Hay que tener en cuenta que en aquel momento Carlos Solchaga, que no era un personaje fácil, estaba en Industria; Ernest Lluch, en Sanidad; Narcís Serra, en Defensa; y Carlos Romero, en Agricultura. Eran los cuatro ministerios más singulares y todos ellos tenían algo que ver con la ciencia. Y luego estaba Hacienda. Y no nos engañemos, en el fondo a Hacienda le estás quitando una competencia, aunque también es verdad que le estás creando una función presupuestaria, la función 54.

O sea, que también hubo problemas con Hacienda.

Pues sí, y muchos más tras la reestructuración de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), como se recoge en la segunda parte de la Ley, respecto a su estructura administrativa y de gestión presupuestaria. Eso requirió de muchísimas reuniones. No obstante, creo que tuvimos la suerte de tener de entrada una buena conexión con Industria, incluso en términos personales. Fuimos cosiendo y al final salió la Ley. Y yo creo que salió bastante decente. La prueba es que recogió unanimidad.

La Ley de la Ciencia abre un quinquenio mágico, en eso hay coincidencia; pero sólo uno.

Eso no es muy cierto. Si se examina la serie presupuestaria se verá por qué. Desde 1983 están subiendo el presupuesto y el personal. Lo que pasa es que es verdad que la Ley santifica el proceso y crea el primer Plan Nacional. Pero lo que realmente cuenta es que ya desde el inicio hay la voluntad de impulsar una determinada política científica. Lo que ocurre en ese quinquenio, que coincide con una etapa expansiva muy fuerte de la economía española, es que el conjunto de actuaciones cristalizan y genera la sensación de que todo se produce en esos pocos años. Pero la semilla ya está sembrada desde 1983, al menos en lo que se refiere a presupuesto, formación y planificación. Es también en esa época en la que se plantean los ejes vertebradores de la política científica nacional, una decena que prácticamente todos pasarán a ser Programas Nacionales.

Por tanto, hay continuidad.

Hay una continuidad que quiebra con la crisis económica de los primeros noventa. La economía española entra en recesión, el PIB cae por encima del 1 % y eso lógicamente hace que la senda que comienza unos años atrás se estanque, aunque el presupuesto en términos relativos de PIB se mantiene durante un tiempo. Al remitir la crisis unos años más tarde, el PIB repunta pero no así los presupuestos destinados a ciencia, al menos no en términos relativos. En definitiva, ganamos espacio al PIB del 83 al 92, nos estabilizamos del 92 al 96 y continuamos estabilizados desde entonces hasta ahora. Lo que sucede es que del 92 al 96 hay una crisis económica en la que aparecen problemas de recaudación y sobre todo problemas de gasto en lo que se refiere a desempleo, básicamente.

Visto en perspectiva, ¿habría introducido algún elemento que entonces por prudencia u otros motivos no se consideró?

Siempre tienes la duda de si podías haber hecho algo más. Por ejemplo: yo creo que en relación con la Ley de la Ciencia la estructura burocrática funciona razonablemente bien; lo que sucede es que la inercia de los ministerios es muy fuerte. O a esa estructura de la Comisión Interministerial (CICYT) le vas metiendo gas político continuamente o los ministerios acaban por descoordinarse. Eso es lo que ha ocurrido en estos últimos años.

¿A qué se refiere exactamente?

Crear la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT), por ejemplo, y ponerla bajo la Presidencia del Gobierno. Eso fue un disparate que lo único que hizo fue duplicar las estructuras de coordinación. Por otra parte, hacer depender la CICYT de la Presidencia del Gobierno carece absolutamente de sentido, salvo que el presidente se dedique a ello. Y todos sabemos que no lo va a hacer. Eso representaría, en el caso de estar bien diseñado, otro modelo. Un modelo en el que bajo la Presidencia del Gobierno hubiera una oficina poderosa que controlara el Plan Nacional. Lo que no se puede hacer es llevar a la oficina de presidencia cinco programas menores. Eso es romper otra vez.

Desde su partido, el PSOE, se denuncian otras rupturas.

En esencia, yo creo que la estructura de planificación ha perdido gas. Hay una cosa buena, y es que metieron innovación dentro del sistema, aunque a mí me parece que es más bien un intento retórico.

En definitiva, que no hubiera cambiado apenas nada.

Yo creo que la parte más débil del sistema es la conexión con las comunidades autónomas. 14 años después de aprobada la Ley de la Ciencia que no seamos capaces de coordinarnos amablemente y que no tengamos planes coordinados, que las comunidades autónomas no se sientan vinculadas al Plan Nacional, me parece un problema importante.

En los últimos años, no obstante, sí se aprecia un cierto dinamismo. Por ejemplo, en Cataluña o Madrid.

En el caso de Cataluña yo creo que, más bien, lo que hay ahora es una gran voluntad de hacerlo. Yo casi diría que una voluntad personal. Lo mismo ha pasado en Madrid. Las cuestiones personales, parece mentira, pero pesan lo suyo a la hora de buscar ententes. Pero insisto, lo que es la estructura de coordinación con las comunidades, no sólo en ciencia sino en otros campos como la misma educación, ha fallado. Nos falta cooperación en materia científica. Es nuestro punto débil junto con el sector productivo.

Lo del sector productivo más que un punto débil parece un talón de Aquiles.

Sí, pero este problema no habría que achacarlo a la Ley de la Ciencia sino más bien a otras cuestiones. En todo caso, la prueba de que la Ley no es mala es que se ha cambiado muy poco. Se han hecho algunas modificaciones puntuales, pero nada de fondo.

Cambiemos de tercio. La ciencia actual tiene poco que ver con la de los ochenta. Dada la diferencia, ¿sería preciso introducir elementos nuevos en su organización?

En España lo que hay es una falta de debate social entorno a la ciencia. No lo ha habido nunca. Desde la famosa polémica de si éramos capaces o no de investigar, que fue más bien desgraciada y pintoresca y que estuvo presente en el pensamiento político y social e incluso intelectual, la verdad es que hemos entrado en la modernidad pero sin que el país hubiera pensado mucho sobre el fin social de la ciencia. Hay una conciencia científica relativamente baja, con una cultura científica más bien pobre. Al final, somos más metafísicos que físicos. El debate se echa de menos en los foros habituales y también en los programas educativos de bachillerato y secundaria. Además, ahora, estamos entrando en zonas de la investigación donde hay una frontera muy complicada de limitar.

Tanto éticamente como científicamente y económicamente. Los intereses que hay ahí puestos...

Vamos a ver, no nos engañemos. No se pueden poner puertas al campo. En una tesitura de esta naturaleza lo que hay que hacer es regular. ¿Cómo? Pues yo creo que falta un comité ético, como existe en todos los países del mundo, donde científicos, politólogos y sociólogos puedan debatir públicamente sobre las responsabilidades éticas de los científicos y del Estado; y un poco más de conciencia social y que ese debate llegue a la gente. A eso se le llama cultura científica.

También faltan referentes. No los hay ni en lo político ni en lo científico.

Es probable que sea eso, aunque tenemos figuras. También es cierto que los científicos españoles no nos hemos dedicado nunca a la divulgación.

Ni tampoco al debate.

El divulgador no es demasiado apreciado por la comunidad científica. Más bien se le ve como alguien que ha tocado techo y se ha metido a divulgar porque en lo suyo ya no puede progresar. Y no digamos si se mete a político... Pero lo cierto es que tanto nosotros como el PP hemos metido a científicos de altísimo nivel en el sistema. En gestión o conoces los problemas de los laboratorios o te burocratizas y decides disparates más propios del fanatismo administrativo. Pero es cierto, se echa de menos un debate social más amplio, una cultura científica más acentuada y, por supuesto, un comité de ética.

E insisto, también voces autorizadas capaces de aproximar la realidad científica a la opinión pública cuando surgen debates de gran impacto social.

El científico tiende a ser retraído y también es cierto que hay cuestiones que son muy difíciles de explicar. Al científico le molesta extraordinariamente la simplificación, algo característico de la comunicación actual. La ciencia se sofistica y la comunicación se simplifica. Es un antagonismo.

Sí, pero yo me refería, por ejemplo, al papel de las sociedades científicas, las academias...

Hay un entramado científico con poca capacidad de penetración social, y eso hay que admitirlo. E insisto en ese poso metafísico que nos viene de herencia. Pero es cierto que estamos entrando en un momento apasionante y delicado, incluso. Pero, ¿cambiaría la Ley por eso? Sinceramente, no.

La Ley tal vez no, pero como decíamos antes, han cambiado muchas cosas en estos años.

En el actual estado de nuestro sistema de ciencia y tecnología se trata más bien de políticas que de reformas en el BOE. Ya sé que a un ministro le encanta hacer una ley porque cree que eso le va a permitir pasar a la posteridad, aunque la realidad demuestre lo contrario. Pero dada la situación en España, no creo necesario reformar la estructura administrativa o generar una nueva. Creo, en definitiva, que con cambios razonables se podría funcionar bien. En relación con la falta de coordinación con las comunidades autónomas, tampoco ahí se da un problema de estructura. ¿O acaso se le ocurre a alguien una fórmula distinta a la de un Consejo General? No hay otra. El problema es que no funciona, y no funciona porque no hay la política adecuada.

Ahora tenemos un ministerio de ciencia y tecnología ¿Qué opinión le merece?

Es un fiasco. Yo creo que todo el mundo saludó la creación del ministerio como algo positivo. Incluso nosotros se lo dijimos al Gobierno, aunque con una cautela: tenga usted cuidado, señora ministra, porque ha dejado fuera a las universidades, que representan más de la mitad de la ciencia que se hace en este país. Eso podía suponer un problema, porque hay intereses cruzados, que finalmente han acabado por salir a la luz. La principal, la descoordinación entre los ministerios implicados.

¿Sólo descoordinación?

Yo creo que a este equipo le ha tocado pechar con una herencia horrorosa de anteriores ministerios en los que se denotó una parálisis brutal, con algún que otro cajón de sastre. Y pienso que su inexperiencia administrativa no ha hecho sino agudizar el problema. Llevan más de año y pico intentando enterarse de lo que pasa. Como se diría en zarzuela, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Si se hubiesen encontrado con un sistema educativo y científico a pleno rendimiento, podrías haberte permitido unos meses de aterrizaje, pero se han encontrado un sistema científico hecho una pena, con condiciones de gestión desastrosas, sin perspectivas. Con esta situación gastar un año en alunizar es muy costoso.

¿No le parece un análisis demasiado negativo?

A los resultados me remito: no hay más recursos, ni más coordinación, ni más simplificación burocrática. Nada de lo que uno cabría esperar del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y si además en las telecomunicaciones están igual, es que no puedes concluir otra cosa que, para este viaje, no hacían falta alforjas. Su política, al menos de momento, ha consistido en ir a remolque. Que se descubre el genoma humano, pues hacemos un proyecto de genómica y proteómica. Lo anunciamos en la tele y es luego cuando ves que no es tan sencillo, que necesitas un año para ponerlo en marcha. Que la oposición dice que sobra dinero, pues te inventas un parquetazo; que hay un problema de células madre, pues ya veremos cómo lo arreglamos. No hay previsión ni hay anticipación. En ciencia debería irse un paso adelante.

¿Le llamaría a eso planificación?

Sí, claro. Y me cuesta ser tan duro, porque no cuestiono la capacidad científica de los que están al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero creo que sencillamente no saben dónde están ni tampoco lo que es política científica.

El uso recurrente a fondos europeos, de créditos como complemento para financiar la ciencia... ¿No responde eso a una estrategia?

Este Gobierno, en conjunto, tiene una pasión desaforada por los medios de comunicación, por los telediarios. Hay políticas que aguantan esa pasión mediática, mientras que otras no. La científica es una de ellas. Anunciar en los medios un programa de genómica o el plan Info XXI... De algún modo se nos quiere presentar al Gobierno que ha imaginado el futuro. Pero los científicos agradecerían menos telediarios a cambio de que las becas llegasen a tiempo. O que se ejecutara todo el presupuesto en lugar de dejar grandes cantidades de dinero por gastar y luego inventarse convocatorias basadas en créditos. En eso hay un problema de principio: no tiene sentido que las universidades se endeuden con el Estado para financiar los equipamientos que necesitan para investigar. Es un disparate.

Pues responde a un modelo de gestión.

Usted no me puede decir que crea una fundación porque es incapaz de gestionar mejor el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como no se sabe gestionar, se buscan otras fórmulas. Lo que no es posible es que la Administración no modifique sus leyes para gestionar mejor y cree instrumentos de gestión fuera del sistema. Si seguimos así, en cuatro días sólo se gestionarán desde la Administración las nóminas de los funcionarios.

Como diagnóstico no es demasiado halagüeño.

Esa es la realidad. Tenemos un sistema de I+D que cada vez depende más de instituciones endeudadas y para el que no se están sentando las bases para un crecimiento sostenido. Que el ministerio no funciona es algo que se sabe y comenta en todos los laboratorios, y la suerte que han tenido, o la desgracia, es que se lo encontraron muy mal, con una herencia horrenda. Lo encontraron desastroso y la verdad es que lo están mejorando muy poco.